Organizador de fiesta en Maipú fue multado con 50 millones de pesos
El sumario sanitario detectó una serie de deficiencias, entre ellas malas condiciones higiénicas en baños e incluso presencia de roedores muertos.
En tanto, Corte de Santiago rebajó la medida cautelar y determinó que el sujeto salga de prisión preventiva y pase a cumplir arresto domiciliario total.
La Seremi de Salud Metropolitana impuso una millonaria multa al sujeto acusado de haber sido el organizador de una fiesta clandestina que reunió a 400 personas hace dos fines de semana en Maipú, infringiendo las medidas sanitarias y el toque de queda.
Este miércoles, Juan Salazar, señalado como responsable del evento y hasta ahora único detenido y formalizado, fue notificado del término del sumario iniciado por la autoridad.
En éste, además de consignarse que violó el toque de aueda y la prohibición de reuniones de más de 50 personas, detectó una serie de deficiencias sanitarias: malas condiciones higiénicas en baños, presencia de roedores muertos, muro perimetral en mal estado, y presencia de escombros y residuos en desuso.
Asimismo, el recinto no cuenta con vías de evacuación señalizadas ni luces de emergencia.
Por ello, la Seremi, que ya había clausurado el terreno completo donde está emplazado el galpón que recibió la fiesta, confirmó una multa de 1.000 UTM, que equivalen actualmente a 50.300.000 pesos.
Durante el proceso administrativo, decidió no formular sus descargos, pero sí puede apelar a la sanción.
CORTE REBAJA CAUTELAR Y EL HOMBRE SALDRÁ DE PRISIÓN
En tanto, en el plano de la investigación penal en su contra, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía Salazar, imputado por delitos contra la salud pública.
De esa manera, la Cuarta Sala del tribunal de alzada resolvió que el hombre pase a cumplir arresto domiciliario total.
Cuando fue detenido y formalizado, inicialmente, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago había decretado arresto domiciliario nocturno, medida que incumplió inmediatamente, por lo que luego fue reformalizado y quedó en prisión preventiva, disposición que fue rebajada hoy.
El imputado, además de haber infringido la primera cautelar, es acusado por cuatro delitos contra la salud pública: infracciones al toque de queda, al funcionamiento de locales como discotecas o locales nocturnos análogos con más de 10 personas, por no uso de mascarillas en el lugar y venta de alimentos, en este caso bebidas alcohólicas, para consumo inmediato y dentro del lugar, cuado sólo se permite venta para llevar, todas disposiciones sanitarias.
GOBIERNO: ES UN SEÑAL MÁS BIEN CONFUSA
Ante este escenario, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, comentó que “esta persona, la primera noche de arresto domiciliario nocturno, incumplió esa medida cautelar adoptada por el tribunal, por lo tanto, es una señal más bien confusa y uno lo que espera en esta materia es claridad“.
El secretario de Estado añadió que “como nosotros tenemos ciertas posibilidades y hay otras que no tenemos, no administramos la justicia, pero sí podemos influir en las leyes, hemos enviado este proyecto de ley (que endurece las sanciones a quienes violen las medidas sanitarias), que ya lo aprobó la Cámara, que hoy día está en el Senado, le vamos a poner discusión inmediata y esperamos que la próxima semana sea ley para evitar este tipo de situaciones”.
El abogado Lucas Vargas, asesor de la Fiscalía Occidente, lamentó la nueva medida cautelar y consideró “absolutamente necesaria la prisión preventiva, porque no sólo ha sido formalizado por cinco delitos del artículo 318 del Códgio Penal, sino que además vulneró aquella (primera cautelar), dando cuenta de un actuar refractario, contumaz y de absoluto desprecio a las normas jurídicas“.
Por su parte, Enrique Urbina, abogado defensor, apuntó que “la investigación actual es exigua, no hay medios de prueba que puedan acreditar, con datos y evidencias, algún tipo de pariticpación (de Salazar) en los hechos y delitos formalizados, y la presunción de inocencia es un derecho consagrado en la Constitución. No tiene que haber un juicio social ni mediático, tampoco del Gobierno, sino a través de los juzgados, como todo ciudadano se merece”.
